En los comienzos del reinado de Felipe II, la promulgación de la pragmática de 7 de septiembre de 1558 estableció un eficaz procedimiento de censura de libros dependiente del Consejo Real y ordenó a la Inquisición la confección de un índice de libros prohibidos, que vería la luz al año siguiente. Dicha pragmática marca un claro cambio de época en lo referente a las políticas sobre el libro en la corona de Castilla, que incorporan desde ese momento un notabilísimo componente ideológico. Desde entonces, un doble sistema dependiente del Consejo Real y del Consejo de la Inquisición dotó a la monarquía de potentes instrumentos para el control del libro. El surgimiento de este nuevo sistema, a finales de la década de 1550, fue producto de un largo proceso en el que se fue sintiendo cada vez más la necesidad de controlar de manera efectiva la circulación de determinados libros, especialmente desde comienzos de la década de 1520 en relación con la difusión del protestantismo, si bien es sabido que antes de los años 50 la actuación inquisitorial en materia de libros fue ciertamente limitada, y escaso el grado de vigilancia de los procesos editoriales ejercido desde el poder político.